La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en lo sucesivo, la Ley 2/2023) viene a transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

La Ley explica y aclara en su preámbulo, parte III, que su finalidad es la de proteger, frente a posibles represalias, a las personas que, en un contexto laboral o profesional, detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma. A tal efecto, impone a cualquier organismo o entidad obligados por esta Ley a disponer de un cauce preferente para informar sobre las acciones, irregularidades e infracciones referidas en la propia Ley, denominado como “Sistema interno de información” (en adelante, SII) y les obliga a contar con una política o estrategia que enuncie los principios generales en materia del SII y defensa de la persona informante.

Es por ello que ponemos a disposición del informante el siguiente Canal Interno de Información: